ciberterroristas, ciberinformadores o víctimas colaterales en la guerra contra el crimen organizado?

El lado oscuro de Twitter

José Cárdenas

¿Gilberto Martínez Vera (maestro de matemáticas) por alarmista, y María de Jesús Bravo Pagola (periodista), por retuitera, son ciberterroristas, ciberinformadores o víctimas colaterales en la guerra contra el crimen organizado?

Bastaron 17 mensajes de 140 caracteres, muestras de pánico colectivo y una torpe reacción de las autoridades veracruzanas para que los parlanchines del chat fueran encarcelados en el penal de Pacho Viejo, acusados de terrorismo y sabotaje; sin oportunidad de fianza, y con una posible condena de 30 años, por delante.

El abogado Fidel Ordóñez alega violación a las garantías individuales en perjuicio de sus clientes. Denuncia que al ser detenidos estuvieron incomunicados, los sometieron a tormento sicológico y los obligaron a declararse culpables.

Será a finales de octubre cuando el juez dicte sentencia.

La noticia desató la ira en la red. Tanto, que al gobernador Javier Duarte se le vino el mundo encima. Propuso al Congreso de Veracruz reformar la Ley de Perturbación del Orden Público, que disminuiría las penas a quienes, por medio de las redes sociales, siembren pánico y causen disturbios por la transmisión de mensajes alarmistas y, sobre todo, falsos. Pero…

Los diputados veracruzanos han recibido cartas de repudio a la reforma. Todavía la están dudando. Los legisladores Francisco Javier Lara (PAN) y Eduardo Andrade (PRI) coincidieron: la reforma del Código Penal propuesta por el gobernador no debe limitar la libertad de expresión.

El mandatario de Coahuila, Jorge Torres López, se pone el parche antes de que le salga el grano. Anuncia que propondrá una ley para que el gobierno tenga mayor control del uso de las redes sociales en su entidad. ¿Cunde el síndrome de Gustavo Díaz Ordaz?

Le digo, el caso de los ciberterroristas jarochos ha generado una nueva revolución.

Es grave que #Op15S y #OpIndependencia Anonymous Mexican Hackers Unidos se metan en los sitios de las dependencias del gobierno y los atasquen con cientos de correos por minuto. Es peor la imposibilidad de utilizar las redes por el riesgo de ir a dar a la cárcel.

Al parecer, Gilberto y María de Jesús hicieron algo incorrecto. Quizá no debieron gritar ¡fuego! en un teatro lleno. Aún no se aclara si los mensajes enviados fueron deliberadamente erróneos o con información que ambos creían veraz. Como haya sido, en el mejor de los casos, la situación expone las debilidades que pueden afectar a Twitter y el periodismo ciudadano. En el peor, un abuso deliberado de las libertades de expresión y de información con quién sabe qué fines. Por ello, es imperativo que la indagación y el proceso judicial sean absolutamente transparentes. Porque de que entre información equivocada y terrorismo hay un abismo de distancia.

Pero, ¿quién y cómo determinaría los daños sociales en el uso de las redes? El diablo está en los detalles